miércoles, 17 de octubre de 2012

Michoacán, el desgobierno JOSÉ GIL OLMOS 17 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx

MORELIA, Mich. (apro).- La violencia no para un solo día en esta entidad. Desde el gobierno perredista de Leonel Godoy y ahora con el mandatario del PRI, Fausto Vallejo, la espiral de violencia en el estado se ha convertido en síntomas de debilidad de una administración que no acaba de asentarse y a la que algunos ya observan señales de terminación adelantada.
Desde hace algunos meses, a partir de la llegada de Fausto Vallejo como gobernador, los problemas en Michoacán se han agudizado severamente. Sin presupuesto federal y con una de las mayores deudas públicas del país, el horizonte de conflictos se ha ampliado a sectores de la sociedad que no estaban involucrados previamente.
El último de ellos es el grupo de estudiantes normalistas rurales que hace apenas unos días fue severamente reprimido por policías estatales y federales, quienes realizaron un operativo de persecución más fuerte y violento que los desplegados contra el crimen organizado.
Jóvenes campesinos e hijos de obreros, fueron reprimidos y perseguidos en las escuelas normales de Tiripetío, Arteaga y Cherán como si se trataran de delincuentes de alta peligrosidad por agentes estatales y federales, quienes usaron helicópteros y perros en el operativo en el que participaron cerca de mil 500 elementos.
Semanas antes del acto desmedido de represión, los estudiantes habían logrado sentar en una mesa de diálogo al secretario de Gobierno, Jesús Reyna, para discutir la intención del gobernador de aplicar la reforma curricular a las ocho escuelas normalistas de la entidad.
Entre esas reformas destaca la puesta en marcha de clases de inglés y computación en escuelas indígenas y campesinas, donde a veces no hay luz y mucho menos Internet, y sólo se habla la lengua propia y el castellano.
Durante semanas, los estudiantes alegaron que no necesitaban una reforma curricular de este tipo, sino rescatar sus propias lenguas, usos y costumbres, aspectos que dan fuerza y resistencia a sus comunidades ante peligros como el crimen organizado.
Carentes de dinero, los estudiantes tomaron autobuses para transportar a sus compañeros y liberaron casetas de cobro. A la mesa de negociaciones el gobernador Vallejo nunca asistió (quizá por una enfermedad que se ha tratado de ocultar) y su secretario de Gobierno cerró toda posibilidad de acuerdo al sentenciar a los jóvenes estudiantes a entregar los autobuses y las instalaciones normalistas en unas cuantas horas, advirtiéndoles que se usaría la fuerza.
Las dos horas de plazo fueron insuficientes para los estudiantes, y las policías entraron a las escuelas con una fuerza desmedida, utilizando armas largas, helicópteros, perros de ataque, toletes y gases para someter a los jóvenes.
El saldo de la refriega: 176 estudiantes detenidos (los dos dirigentes del magisterio fueron liberados inmediatamente), 13 autobuses incendiados (algunos de ellos por los mismos uniformados), 10 policías heridos y decenas de jóvenes golpeados.
A pesar de que el mensaje que se quiso dar fue de fuerza y gobernabilidad, al final lo que quedó fue lo contrario: un gobierno débil que no ha sabido resolver problemas como el del crimen organizado; el conflicto del cierre y destrucción de las escuelas públicas en la comunidad religiosa de Nueva Jerusalén; la pretensión de desaparecer los Telebachilleres, dejando a 16 mil estudiantes rurales sin escuela; así como el reclamo de miles de estudiantes, quienes exigen un espacio en la Universidad Michoacana.
El gobierno de Fausto Vallejo ha entrado en una etapa de desgaste que no se ha podido controlar. Sin agentes de negociación y diálogo, la mano dura y la represión son la única vía que se ha utilizado para tratar de controlar a una población cada vez más inconforme.
Los aires de desgobierno campean en Michoacán: en el PRI ya se están inventando enemigos desestabilizadores dentro del propio gobierno y en el PRD para encubrir sus propias deficiencias y errores.
No se descarta que el gobernador esté esperando la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia para hacerse de recursos financieros y políticos para apaciguar las aguas que él mismo ha agitado.
Mientras tanto, este jueves 18 los maestros y estudiantes iniciarán un paro de labores y un plantón indefinido frente a palacio de gobierno.
Falta un mes y medio para el cambio de gobierno presidencial, habrá que ver si Fausto Vallejo aguanta hasta entonces o abandona su puesto por “razones de salud”.


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El debate sobre la ciencia AXEL DIDRIKSSON 17 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A partir de que se dio a conocer la Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, suscrita y avalada por 64 universidades, organismos diversos, asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, institutos de investigación y academias de la ciencia, proliferan las opiniones sobre el sector.
Para Enrique Peña Nieto, la creación de una secretaría del ramo implicaría más burocracia; para otros, comprometerse con el otorgamiento de 1% del PIB a la investigación y el desarrollo no será posible mientras no se realicen las tan mentadas “reformas estructurales”, y para unos más la elevación de la inversión en ciencia y tecnología debe ser responsabilidad de la empresa privada y no del gobierno; no faltan, tampoco, los que prefieren simular que algo cambia para que todo siga igual.
En contraparte, existen posturas en el sentido de que la ciencia que se produce no puede estar sujeta a ningún ajuste de cuentas ni mucho menos considerarse como un asunto administrativo o de interés para unos cuantos. Se requiere, como afirma en alguna parte el documento, tratarla como un asunto de seguridad nacional, relacionada con un tipo de sociedad más justa.
Y es que en la Agenda se presentan dos modelos contrapuestos. Uno es el que se describe con gran amplitud en la primera parte del documento, que hace referencia a la prevalencia del mercado y del interés de una minoría, en donde la investigación debe subordinarse y aplicarse a los objetivos de corto plazo de las empresas y sus ganancias. El tipo de país que se prefigura allí es uno que busca posicionarse a nivel internacional con “ímpetu de competitividad” y con un liderazgo semejante al de otras naciones que han invertido en “recursos humanos” y en donde las empresas son la punta de la innovación científico-tecnológica. Desde esa imagen de nación, el objetivo de la política pública es fomentar el “capital humano”, concretar las “reformas estructurales pendientes” y poner a la empresa (por supuesto la más dinámica y la que mayores beneficios tendría: la trasnacional) en el centro de la atención de los esfuerzos en innovación y conocimientos.
Otro tipo de país y de orientación de política pública en ciencia y tecnología se observa cuando en la Agenda se asienta que debe buscarse evitar la reproducción de la desigualdad en la educación de la población; utilizar el conocimiento para disminuir la pobreza, la ignorancia y la ine­quidad; favorecer la participación de los estados en el desarrollo de una investigación regional relacionada con el contexto de su realización; reformar los planes de estudios de las instituciones de educación superior; hacer del conocimiento un bien público y un derecho social, pero sobre todo superar la perniciosa burocratización gubernamental que se ha padecido y que ha creado, como se indica en el documento, “ un vacío en el liderazgo del sistema, una ausencia en la definición de grandes objetivos, así como una falta de coordinación intersectorial e interregional para la planeación y el financiamiento que permita alcanzar esos objetivos” (página 16).
¿Cómo va a ser posible superar la miopía, la falta de altura de miras y la burocratización que ya existe en el sector hacia los próximos años, así como la escasez de recursos y de empleo para nuevos investigadores, o la creación de institutos de alto nivel en el país?
Se ve difícil que un liderazgo poco ilustrado como el que nos espera conduzca a superar tantos escollos. Una opción alternativa sería más bien promover una muy amplia discusión ciudadana sobre el tipo de prioridades que el país requiere sustentar (lo que no se hace en la Agenda), desde los conocimientos que producen las universidades, los institutos y sus investigadores; la constitución de un muy amplio y representativo Consejo Social, con la suficiente autonomía para poder desarrollar y planificar acciones de beneficio social; definir objetivos a alcanzar en las distintas áreas de investigación y conocimiento; poner en marcha medidas de gran altura para la divulgación de la ciencia (por ejemplo, con la creación de un canal de televisión dedicado a ello), y estrategias de futuro con visión de Estado, con el fin de avanzar hacia una sociedad del conocimiento, democrática y justa, que supere las actuales visiones autoritarias de fundamentalismo mercantil.


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Peña Nieto y Pemex, los enredos y la ganga JENARO VILLAMIL 16 DE OCTUBRE DE 2012 www.proceso.com.m

MÉXICO, D.F. (apro).- En ningún otro gobierno entrante, el nombre del futuro director de Pemex había generado tantas expectativas y ambiciones. No es para menos. Los sectores empresariales, burocráticos, políticos y sindicales ya saben que el principal negocio del sexenio peñista será el energético y quien encabece la paraestatal más importante del país protagonizará el nuevo montaje del sueño petrolero… para la iniciativa privada.
En menos de tres meses hay versiones de cuatro nombres que se barajan en el equipo de transición para encabezar la paraestatal: Alfredo del Mazo González, el tío más influyente de Peña Nieto, exgobernador mexiquense, ex secretario de Energía y que anhela restablecer los negocios suspendidos desde que no fue presidente de la República en 1988; Liébano Sáenz, cuyo nombre se mencionó entre los círculos zedillistas para hacer valer la fuerza del expresidente más famoso entre los corporativos multinacionales; Francisco Labastida Ochoa, interlocutor del calderonismo en la frustrada reforma energética de 2008, experto en la materia, excandidato presidencial y con un fuerte veto de quien tiene más poder en el tache que en el palomeo: Carlos Salians de Gortari; y otro perfil que represente menos compromisos y más cercanía directa con el propio Peña Nieto, que podría ser alguien de su círculo más cercano.
Hasta los calderonistas y foxistas mencionan al actual director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, como un posible repetidor en la paraestatal, a pesar de la ola de corrupción que deja tras su gestión; de la forma escandalosa y opaca con la que ha manejado temas como el de los floteles u “hoteles flotantes” de Galicia; o el caso de Mexicana de Lubricantes que en Proceso se ha documentado con toda precisión.
Las ambiciones están desatadas porque el peñismo se ha encargado desde la campaña electoral de alentar la “venta de garage” de Pemex. El exgobernador mexiquense dijo que era hora de “rebasar los prejuicios” ideológicos y abrir la paraestatal a la inversión privada.
Nunca hubo una reflexión mínima sobre el carácter estratégico de Pemex, no sólo para la economía, sino para la soberanía y la fortaleza de nuestro país en un contexto internacional cada vez más incierto.
El “cerebro” de Peña Nieto, Luis Videgaray, reiteró en una entrevista reciente con The Wall Street Journal que el próximo gobierno priista reitera su inclinación por la apertura a la inversión privada, al mismo tiempo que en Brasil su jefe reiteraba que el modelo de Petrobras sería el más viable para México.
¿Por qué se extraña ahora Peña Nieto que sus declaraciones sobre la privatización de Pemex generen ambiciones, confusiones y críticas obvias de los sectores que están en contra de esta posibilidad?
En España, ante la crema y nata de los inversionistas ibéricos que se han convertido en los grandes beneficiarios de la obra pública y de los modelos de asociación público-privado (APP), Peña Nieto rechazó que la apertura al capital privado significara la “privatización” de Pemex. En lenguaje cantinflesco, el priista insistió que será el Estado mexicano el propietario original de los yacimientos y del hidrocarburo.
Al mismo tiempo que negaba que privatizar significara privatizar, Peña Nieto presumió que su gobierno continuará con la inversión de 380 millones de dólares para generar empleo en los astilleros gallegos Navantia e Hijos de J Barrera en la construcción de dos hoteles flotantes.
La Jornada publicó en su edición de este 16 de octubre el texto de una presentación de Pemex donde presume que los ingresos de la empresa petrolera son equiparables a los de América Móvil, Walmart, Femsa, Cemex y Alfa, juntos. Es decir, los corporativos privados más importantes del país.
Añade que Pemex invierte anualmente unos 23 mil 200 millones de dólares, más que todas las empresas que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores.
Esta presentación fue realizada a los grandes capitales privados, sobre todo, a los inversionistas europeos y estadunidenses con los que Peña Nieto sostuvo reuniones en su reciente gira.
No se trata de enredos declarativos, sino de engaños. Mejor que el futuro gobernante presente una iniciativa de ley para conocer hasta dónde pretenden “privatizar sin privatizar”.


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Peña Nieto y la vuelta al pasado ERNESTO VILLANUEVA 16 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En semanas pasadas apunté en este espacio la pertinencia y oportunidad de que Enrique Peña Nieto privilegiara la transparencia como una iniciativa inicial. Hoy, el texto de su proyecto de iniciativa contiene una serie de pasos dirigidos a mutilar los avances que se han alcanzado. Veamos por qué.
Primero. Es natural que la transparencia venda, y bien, de cara a la opinión pública y de la sociedad política. Todo mundo coincide en el qué. Lo más importante, empero, es el cómo. El proyecto de iniciativa de EPN en la materia carece de un hilo conductor sólido entre la exposición de motivos y el contenido de la propuesta de reforma. Dice defender el federalismo para justificar el centralismo. Resalta el lugar común y la retórica sobre los argumentos técnico-jurídicos. Propone modificar el artículo 6º constitucional, estableciendo de entrada en su apartado b): “El Estado contará con un organismo especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales…”. Los asesores de EPN no saben diferenciar los conceptos de órgano y organismo. El primero generalmente tiene mayores espacios de independencia, mientras que el segundo existe en función de una secretaría que coordina un sector. Al mismo tiempo, la propuesta echa por la borda a los órganos garantes previstos en el constitucionalismo local.
Agrega que: “El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que establezca la ley”.
Esta propuesta admite varias lecturas, todas ellas ajenas al interés público: a) Control político sobre lo que es público y aquello que no lo es. No hay mejora alguna del sistema actual; antes bien, genera tres instancias posibles para ejercer el derecho a saber, recurso de revisión de órganos garantes de las entidades federativas o de los Poderes de la Unión, recurso ante el IFAI y el amparo. Se garantiza que, en el mejor de los casos, para el acceso a la información se pase de 90 días promedio a 120, lo que constriñe el derecho a saber; b) No hay justificación que permita un mínimo de razonabilidad en el proyecto porque se propone un sistema idéntico de diseño institucional que el que se busca reemplazar.­ ¿Cómo se puede argumentar que trasladando la decisión de qué es público y qué no lo es de la periferia al centro es mejor per se? Por sentido común, una reforma debe implicar pasar de A a B, no de A a A.
Segundo. El proyecto propone eliminar el principio de definitividad que se encuentra en la ley federal, en disposiciones constitucionales y en el criterio reiterado de la SCJN, aunque disfraza mal su propósito: “Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera excepcional, el consejero jurídico del gobierno o los presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional”.
Esa redacción deja en la indefensión a la sociedad, por las razones siguientes: elimina la definitividad al establecer el principio y al mismo tiempo sus excepciones. Hoy no hay excepción alguna. E introduce conceptos jurídicos indeterminados, como “seguridad nacional”, “alta probabilidad”, etcétera. Lo anterior significa que el derecho a saber esté sujeto a una interpretación casuística. Se pretende que el artículo 6º constitucional establezca: “El organismo garante se integra por siete comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría…”.
La propuesta no tiene asideros doctrinales que la justifiquen, toda vez que: a) Lo que hace es trasladar el poder de decisión del derecho a saber de la periferia al centro, sin garantía alguna; b) Se propone consolidar la injerencia del presidente de la República a costa de la influencia de los gobiernos locales. Esa búsqueda de recuperar espacios del presidente, en este caso, lastima el derecho a saber de los gobernados, y c) La conformación del “organismo” garante con siete comisionados en lugar de cinco, como está actualmente conformado, no tiene explicación, justificación o defensa de idoneidad en la exposición de motivos, aparte de que la cantidad jamás ha sido sinónimo de calidad.
Tercero. No hay duda de que el camino a la transparencia tiene grandes oportunidades de mejora, pero no es con un salto al pasado como se pueden aprovechar. En el nivel primario de la ciencia se encuentra lo que se denomina “ocurrencia”, que el diccionario de la RAE define como “idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que ocurre a la imaginación”; y es eso lo que presenta EPN como primicia de su tónica de gobierno: recuperar espacios perdidos, en este caso a costa del derecho a saber.
Mi propuesta de contenido es, por el contrario, la siguiente: a) No generar más pasos burocráticos entre la solicitud de información pública y el acceso a la misma; b) Garantizar independencia real del órgano que resuelve; c) Asegurar especialidad y conocimiento de quienes integren ese órgano; d) Mantener la amigabilidad del derecho de acceso a la información, y e) Mantener el principio de definitividad en sus actuales términos. Es por lo anterior que insisto en que el IFAI debe transformarse en un tribunal especializado (como los tribunales agrarios) que mantenga la bi-instancialidad del recurso de impugnación, para evitar que la transparencia se convierta en una apariencia.
Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de la Federación. O, en todo caso, otórguese esta atribución al PJF con jueces de derecho, especializados, independientes, que retomen el principio de amigabilidad del derecho. Sería gravísimo que ese proyecto se apruebe en sus términos porque antepone la ventaja política sobre las instituciones, el afán de poder de EPN sobre el derecho a saber que se ha ganado en México con todo y sus limitaciones.

evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com


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Presidente de comisión de Radio y TV, vinculado a Televisa y TV Azteca Redacción ANOctubre 17, 2012 2:04 pm http://aristeguinoticias.com

El movimiento estudiantil #YoSoy132 y la diputada Purificación Carpinteyro denuncian que los integrantes de esa comisión están vinculados con las televisoras.
El movimiento #YoSoy132 expresó supreocupación  por la integración de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Comunicaciones de la Cámara  de Diputados.
“La llamada ‘telebancada’  agrupa miembros emanados  de los dos grandes conglomerados mediáticos del país: Grupo Salinas y Grupo Televisa, así como ex funcionarios de la Cofetel”, señaló #YoSoy132 en un documento de posicionamiento.
Dijo que  la relación  de estos integrantes con las televisoras se perfila a mantener el status quo, que “lesiona” el derecho  a la información y libertad de expresión.
El pasado 16 de octubre,  la Cámara de Diputados aprobó 56 comisiones, entre ellas,  la de Radio y Televisión, dirigida por Federico González Luna;  y Cultura y Cinematografía, bajo el mandato de Margarita Saldaña.
Al respecto la dupitada federal por el PRD, Purificación Carpinteyro criticó desde su cuenta de Twitter la designación:
Se reprduce el pronunciamiento completo:
Posicionamiento frente a la Telebancada [Mesa de democratización de medios]
escrito por Comisión de Comunicación y Prensa    
Publicado en 16 octubre, 2012 por Comisión de Comunicación y Prensa    — Sin Comentarios ↓
Aquí descarga el Posicionamiento Telebancada de la mesa de democratización de medios en .pdf
Posicionamiento sobre la integración de Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
 
Grupo de Trabajo para la Democratización de los Medios de Comunicación #YoSoy132
Ante el proceso de formación de las comisiones parlamentarias en el Congreso de la Unión, observamos con preocupación la participación de legisladores relacionados con las televisoras con las televisoras del país. La llamada Telebancada agrupa a miembros emanados de los dos grandes conglomerados mediáticos del país: Grupo Salinas y Grupo Televisa, así como a ex funcionarios de la COFETEL que han solapado la profunda inequidad que actualmente impera en el sistema de Telecomunicaciones.
Consideramos que los intereses que persiguen entran en un claro conflicto con el mandato constitucional de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particular el derecho a la información y a la libertad de expresión, ya que su relación con las televisoras se perfila para mantener el status quo de este sector, que tanto lesiona a los derechos mencionados.
Es inaceptable que, además de servir como simples cuotas de poder, estas candidaturas resultado de la negociación entre los poderes fácticos y los partidos políticos, lleguen a ocupar lugares estratégicos dentro de las dos cámaras, de tal manera que se protejan y promuevan los intereses de un pequeño grupo empresarial que cuenta ya con un poder inmenso al controlar los medios de comunicación.
Nuestra denuncia se hace ante la posibilidad de que un cambio en el sistema de medios sea inviable con la ocupación de estas comisiones por miembros de la Telebancada. Por ello exigimos la congruencia que debe existir en el que debe ser el máximo órgano representativo de la sociedad, para que impere el interés público por encima del interés individual, empresarial y partidista en la Cámara de Diputados. Es en interés de toda la sociedad que las decisiones soberanas se realicen a favor de los derechos de sus integrantes, antes que de los intereses económicos y políticos de las televisoras. La conformación del órgano representativo, así como sus decisiones, deben contar con la mayor legitimidad posible.
Es por todo esto que demandamos que estas comisiones se integren por gente especializada en la materia que no opere bajo la lógica del servilismo a los intereses mencionados. En caso de permitir la instalación de la Telebancada en estas comisiones, #YoSoy132 exige que los Partidos Responsables expliquen a la ciudadanía los criterios para concederles este poder a los defensores de los intereses de las televisoras, por encima de la sociedad misma.
Si no ardemos juntos ¿Quién iluminará esta obscuridad? Por la democratización de los medios de comunicación #YoSoy132



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Demandas de normalistas son “problema de la SEP”: gobernador Vallejo Redacción ANOctubre 17, 2012 3:12 pm http://aristeguinoticias.com

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, declaró a Radio Fórmula que las exigencias de los integrantes de la CNTE "son producto de la reforma curricular" y que el tema deben negociarlo las autoridades federales.
El gobernador michoacano, Fausto Vallejo, dijo que el problema de los normalistas que estalló en su estado y que provocó enfrentamientos con la policía, quema de camiones y la detención de más de 170 personas “no es un problema de Michoacán”.
El mandatario de extracción priista detalló que la inconformidad se originó por la reforma curricular.
“Esta es una situación que le vienen demandando a la federación y que rebotó en nosotros, no es un problema de Michocán, es un problema que se da en Michoacán porque no querían la reforma curricular en y ese es un problema de la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, detalló.
En entrevista radiofónica con Denise Maerker, Fausto Vallejo añadió que él analizó losriesgos políticos de la recuperación de las normales de Cherán, Tiripetío, Artega.
“Los normalistas tenían retenidos los vehículos, tratamos de dialogar con ellos, no aceptaron esto y nosotros teníamos que actuar”, sostuvo.
El titular de la administración michoacana comentó que “no hay razón” para que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exija su renuncia, porque han “resuelto muchos asuntos” con dicha agrupación.
El mandatario local dijo que no tolerará que continúen los secuestros a transportes, en los que bajan a los usuarios, y concluyó que la sociedad “está cansada” de este tipo de acciones y que “estamos aquí nosotros para aplicar la ley … o mejor nos vamos a nuestra casa”.
(Con información de Radio Fórmula)



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CNTE instala plantón en Morelia y anuncia paro Redacción ANOctubre 17, 2012 7:11 pm http://aristeguinoticias.com

Los maestros exigen la liberación de normalistas que continúan detenidos tras un operativo realizado por la policía federal y estatal para recuperar escuelas.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) decidió, la tarde de este miércoles, instalar un plantón de manera indefinida en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, para exigir la liberación de todos los normalistas detenidos tras un operativo federal para recuperar escuelas normales en diferentes puntos de la entidad.
En el operativo federal y estatal del lunes se detuvieron a 176 personas, de los que 98 permanecen consignados.
Miembros de la CNTE marcharon, este miércoles, en la capital michoacana en donde consignaron la presunta “represión” del gobernador del estado, Fausto Vallejo, contra los normalistas.
De acuerdo con la agencia Quadratín, el líder magisterial Juan José Ortega Madrigaladvirtió que las movilizaciones no cesarán hasta que sean liberados la totalidad de los estudiantes normalistas.
La CNTE definió en una asamblea permanece en el centro de Morelia y, además, realizar un paro de labores en el que podrían participar hasta 60 mil maestros, afectando hasta 10 mil planteles.
(Con información de Quadratín y Reforma)



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#DesarrolloUrbano La industria del despojo POR ÁNGEL PLASCENCIA - Miércoles 17 de octubre de 2012 http://www.reporteindigo.com

Juicios interminables, prácticas de intimidación, daños irreparables al medio ambiente. Son las prácticas de los grupos que se dedican al despojo de tierras en Jalisco, apoyados por autoridades y criminales.
El desarrollo inmobiliario de Jalisco tiene un lado oscuro.
Detrás del crecimiento desmedido de fraccionamientos, las irregularidades en la tenencia de la tierra han generado conflictos serios entre particulares.
Zonas de alta plusvalía, como El Palomar y Bugambilias, son las más peleadas y donde se han realizado despojos.
Zapopan es uno de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) más afectado por este tipo de problemas.
Pero también en la Ribera de Chapala se presentan conflictos entre particulares, donde recurrentemente sale a la luz el nombre de Armida de la Parra Chávez.
Pero dicha particular, quien tiene un largo listado de juicios penales en su contra por despojo de tierra, niega dedicarse al despojo, señala que ella pelea por lo que es suyo proveniente de su herencia paterna.
Y es que al igual que dos de sus denunciantes en el juzgado de Chapala con propiedades en Ajijic, De la Parra Chávez dice ser la dueña legítima de los predios de los que ahora tiene posesión.
Y tiene escrituras que acreditan su posesión, aunque los afectados dicen que en ambos casos se trata de escrituras falsas o alteradas para aumentar la extensión de los predios de De La Parra Chávez.
La duplicidad de los folios en los catastros municipales, la doble escrituración de una misma región, son sólo algunos de los errores del sistema registral de Jalisco.
Inconsistencias entre lo que está plasmado en escrituras y lo que está registrado en los sistemas del estado. 
Cambios que en el Ayuntamiento de Zapopan han sido reportados en dos ocasiones en los últimos años.
Porque en diciembre de 2010 el presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia de Zapopan, Harold Dutton Treviño, denunció la alteración de cuentas en el catastro municipal a favor de la Inmobiliaria Inteligente y en perjuicio de una particular.
En 2011 también se reportó la desaparición de mil 938 expedientes del catastro de Zapopan y se denunció una mafia de corrupción en el Ayuntamiento que data de 1998.
Luego de esta revisión se encontró que tres empleados del área de Valuación y Cartografía fueron los responsables.
Sus nombres son José Arturo Zambrano Zepeda, Martín Alvarado Sandoval e Ignacio Venegas Mandujano, y fueron denunciados por el Ayuntamiento.
Pero si esta mafia en las áreas de catastro de Zapopan alteró expedientes desde 1998 y hasta 2011 fue detectada, apenas se puede vislumbrar la magnitud del problema.
Se trata de un negocio ilegal que afecta principalmente a trabajadores retirados o a familias que recibieron por herencia un bien inmueble.
Y es que según refieren abogados y empleados de los tribunales consultados, el despojo de tierras en Jalisco es una “industria del  litigio,  más que un arte de la estafa”.
Hay al menos tres factores que permiten el desarrollo de esta industria del despojo: un marco legal laxo en materia de despojo de inmueble que no considera al mismo como un delito grave, la corrupción de notarios y sobre todo la de empleados de los catastros.
Porque en estos registros existe información de alto valor, como la referente a predios abandonados. 
La prolongación de los juicios civiles hasta por 10 años es la apuesta de muchos de estos grupos, que se dedican a invadir predios que tienen inconsistencias en las escrituras o muestran un evidente abandono.
Y es que en el estado desde hace mucho tiempo no existe certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra.
“A como está ahorita el delito de despojo, con la gravedad que es –porque sí estás hablando de mucho dinero y de terrenos que pueden valer una fortuna- no es un delito grave”, indicó John Brennan, litigante de uno de los casos de Chapala.
Con el tiempo estas mafias se han buscado técnicas para avalar legalmente el robo a los dueños legítimos.
El modus operandi no es tan simple.
Pero sobre los intereses de estos grupos, subsiste una realidad poco alentadora: un sistema legal y administrativo entorno a la posesión de tierras que tiene serios defectos  y permiten la corrupción de notarios y funcionarios de la justicia.
De hecho en Zapopan es recurrente que escrituras donde hay litigios hayan sido avaladas por quien fuera el notario 60, Conrado Cevallos Ponce.
Dicho fedatario fue encontrado muerto en octubre de 2007 en su casa, tras –según la versión de las autoridades- haberse suicidado.
El nombre de Cevallos Ponce aparece en escrituras de predios en disputa.
Y es que según varios denunciantes de despojo -como los doctores del Colegio de Pediatría que tienen varios juicios contra Armida de la Parra- los fraudes se concretan con escrituras oficiales, pero de predios que no están correctamente ubicados.
Por ejemplo, en casos reportados en Bugambilias y El Palomar, donde se relaciona a los hijos del capo del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragoza Gastelum “El Azul”, se dice que se usan escrituras de dos cascos de hacienda que estaban ahí ubicadas.
Con papeles de Hacienda La Calerilla o Hacienda de Santa Ana Tepetitlán, los grupos toman posesión de los terrenos, aunque no estén dentro del polígono del casco.
Y es que luego de la Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas, los cascos de las haciendas quedaron delimitados por la repartición de las tierras a los ejidatarios.
Pero con un sistema actual de tenencia de la tierra tan endeble, se pueden usar estos papeles con un antecedente más antiguo que los de los dueños que compraron a ejidatarios.
Y esa es solo una de las formas del despojo.
Porque los cerca de 30 grupos que refieren empleados de tribunales locales que se dedican a este delito, tienen diversos modus operandi donde la justicia juega a su favor por la imposibilidad de comprobar legalmente un despojo.
Por el contrario, cuando alguien denuncia despojo resulta contraproducente, pues al no acreditar con pruebas suficientes su acusación, la resolución del juez en favor de los que despojan les sirve a estas mafias para justificar y alargar el juicio civil.
Ribera de Chapala, tierra codiciada
Lomas de Chapinaya es una exclusiva terraza de eventos de Armida de la Parra Chávez, uno de los personajes con más acusaciones de despojo en su contra.
En ella se celebran bodas y eventos sociales. Su ubicación especial brinda al visitante una vista casi completa del Lago de Chapala, pues se encuentra en una loma a unos metros de la carretera de Ajijic.
Al lado de la propiedad está la casa de retiro del estadounidense Calvin Charles Westmoreland.
En 2006 Charles Westmoreland adquirió el predio denomidado La Estrellita.
John Brenan, el abogado del estadounidense, explica cómo se dio el despojo que denunció su cliente: “ella, para ampliar o construir un tipo de baños, despojó parte del terreno al dueño que le compra mi cliente.
“Después de que eso sucede Armida empezó a meter camiones y maquinaria para efecto de empezar a sustraer terrenos (balastre) sin preguntarle a nadie, sin permiso. Jamás exhibió un permiso de Semades, jamás expidió un permiso del Ayuntamiento”.
El daño al que refiere el abogado Brenan se realizó en una loma en la parte de arriba de la propiedad de su cliente, que fue desgajada y que causó un daño ecológico valuado en 3 millones de pesos.
Por violar sellos de clausura, De la Parra Chávez terminó en la cárcel, a pesar de que el magistrado fue su “compañero de generación” según refirió la propia acusada.
Finalmente logró la libertad bajo fianza.
Pero cuando se le pregunta porqué tiene un expediente tan largo de asuntos vinculados al despojo de tierra, ella simplemente indica que le ha tocado mala suerte.
Y es que ha habido tantos juicios contra De la Parra Chávez desde 1996, que lo excepcional son los años en los que no tiene asuntos, como 1997.
Porque de entonces a la fecha, cada año, tiene más de una decena de juicios de distintas personas físicas y morales en su contra.
Pero al pedirle su versión, luego de  que llegó durante la grabación de una entrevista con Charles Westmoreland en el terreno en disputa, la acusada insistió: “los asuntos se ganan en los tribunales, no en los periódicos”.
“¿Porqué será que mucha gente le llama ladrona?”, la cuestiona Martha Elena Benavides Hernández, esposa de Charles Westmoreland.“A eso es a lo que se atienen este tipo de gente: desgastan a sus víctimas. Porque quien se ve afectado, aparte de lo que pierde en terreno, pues hay que meterle dinero para un juicio largo”, indica Brennan respecto a los asuntos contra Armida de la Parra.
Brennan acusa a De la Parra de estar relacionada con el grupo de Los Huizapoles, conformado por la familia Ceja de la Ribera de Chapala, según el abogado ellos son los que invaden los terrenos para tener la posesión.
Incluso señala en las denuncias a Jorge Ceja Álvarez, de quien dice forma parte del grupo que trabaja con De la Parra.
“Sí es un modus operandi, digo, la señora es famosa en la Ribera de Chapala por dedicarse a ésto y no nomás son afectados mis clientes, hay mucha gente aquí que está afectada.
“Había una denuncia anterior a la nuestra en el Juzgado Penal de Chapala por el mismo delito en contra de la misma inculpada, entonces conforme al Código Penal acumularon mi expediente a otro para efecto de que se resolviera una misma sentencia por ser delitos relacionados”.
El segundo  caso relacionado al que se refirió Brennan es el de Pedro Colignon, quien denunció a Armida de la Parra por despojo en un terreno también cercano a la carretera de Ajijic llamado El Rancho del Oro.
Pero Armida de la Parra niega todas las imputaciones alegando que sus padres le testaron muchos bienes inmuebles.
Indica que lamentablemente le han tocado vecinos con escrituras emproblemadas que se quieren adueñar de lo suyo, a pesar de que las denuncias penales por despojo las han interpuesto varios particulares en su contra, y ella no ha puesto ninguna denunciando este delito.
Incluso al ser cuestionada sobre los demás asuntos, entre los que se incluye el de los terrenos del Colegio de Pediatras en Zapopan -donde también fue denunciada por despojo- sorprende que aunque en este es litigante, el expediente es muy similar a los de Chapala.
El Colegio de Pediatría
En el caso de los terrenos del Colegio de Pediatría de Jalisco ubicados en Zapopan en Mariano Otero y Periférico Sur, los médicos se quejan de que De la Parra invadió un lote de 11 mil metros cuadrados.
Aunque las escrituras están a nombre de Rosario del Puente, Armida de la Parra lleva el caso como propio. Actualmente dice que ya no litiga.
En este expediente sale el nombre del notario 60 Conrado Cevallos, pues él registró las propiedades que presuntamente vendió Gustavo Lomelín Guerrero a Del Puente. Éste a su vez las heredó de su abuelo Alejandro Jacobo Lomelín.
De la Parra indica que las escrituras son legítimas y que de hecho el abuelo del vendedor de su clienta era propietario de varios terrenos en la zona, debido a que era el dueño del rancho La Lomita de alrededor de 6 mil metros.
Llama la atención la similitud con los expedientes de denuncias por despojo en Bugambilias y El Palomar.
Con una escritura de hacienda, de repente las propiedades se multiplican.
El abogado del Colegio de Pediatría, Agustín Nieves, dice que el polígono de las escrituras de De la Parra “no tiene lógica” y que en 2004 ella realizó una falsificación de la clave catastral de su cliente.
Por su parte, Armida los acusa a ellos de lo mismo: de haber “encimado” su clave sobre la de su clienta.
En cualquiera de los casos, la evidencia es que en el Catastro de Zapopan existen serios problemas de corrupción.
El hijo de Armida de la Parra, Fernando Espinosa de los Monteros De la Parra, fue director del Catastro de Zapopan durante dos meses, antes de la salida de Héctor Vielma, e indica que no tiene nada que ver con los asuntos de su madre.
Pero los agraviados señalan que ese tiempo habría sido suficiente para hacer modificaciones que favorecieran a su madre.
A la boda de la hija de De la Parra asistieron Elba Esther Gordillo, Liébano Sáenz y ex gobernadores priistas, pero ella dice no tener influencias en la política, ni con notarios o jueces.
Su ex esposo es Fernando Espinosa de los Monteros, un académico de la Universidad de Guadalajara que fue candidato al Gobierno de Jalisco por el Partido Nueva Alianza. De ahí que los invitados a la boda de su hija estuvieran vinculados con la política.
Dice que sus amistades en los tribunales se deben a que se graduó en una generación donde había muchos de ellos.
De la Parra insiste en que estas amistades no le han servido para verse beneficiada, por el contrario, señala que varios de ellos le “sacan la vuelta” porque le han dicho: “nos dan miedo tus asuntos”.
La versión de la acusada
Armida de la Parra Chávez dice que todos los juicios penales en su contra se han resuelto de forma favorable a ella, porque tiene la razón.
Dice que las escrituras que ella tiene de varias tierras en Chapala, son de sus padres y datan de los 70.
En los tres casos -el del Colegio de Pediatría de Jalisco y los dos de Chapala- dice que los que la acusan de despojo, fueron en realidad los que invadieron sus predios.
A pesar de que los denunciantes iniciaron los juicios penales porque De la Parra tomó la posesión de los terrenos de forma ilegal, ella indica que siempre la ha tenido en todos los casos.
Aunque en su versión reconoce que predios como el que denuncia el Colegio de Pediatría de Jalisco “eran un basurero”.
Ella insiste en que en la “segunda instancia” se resuelven sus asuntos. Refiere que lo importante es que ella tiene los “actos posesorios” o la posesión de los terrenos  en todos los casos.
Pero luego se contradice cuando indica: “una cosa es tener y otra cosa es ser el dueño”. 
En el caso del Colegio de Pediatría de Jalisco incluso implica en el despojo del que ella se dice víctima, al secretario General de Gobierno durante la administración de Francisco Ramirez Acuña, Héctor Pérez Plazola.
Dice que actuó la maquinaria estatal en su contra, pero con todo y eso ganó el juicio.
De la Parra se asegura de tener la posesión de los que reclama como sus terrenos, “yo soy así , ya no me sacan del terreno”.



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