jueves, 4 de octubre de 2012

Permanecen en huelga 11 planteles del Cobach en BCS Raymundo León, corresponsal Publicado: 04/10/2012 18:27

Los trabadores piden un incremento salarial de 20% y la revisión de otras prestaciones, informó su dirigente Isidro de Haro Hernández.


La Paz, BCS. Los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en Baja California Sur (SNTCOBACH) mantienen la huelga iniciada el pasado miércoles en demanda de un incremento salarial del 20 por ciento y la revisión de otras prestaciones, informó su dirigente Isidro de Haro Hernández.
La huelga afecta a 6 mil 500 alumnos inscritos en los 11 planteles del Colegio de Bachilleres en Baja California Sur, un centenar de los cuales se manifestó este jueves frente al teatro de la ciudad de La Paz para exigir la reanudación de las clases.
El líder sindical señaló que hace tres meses depositó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje su pliego petitorio, el cual se revisa cada dos años, pero hasta ahora no hay ningún ofrecimiento de la parte patronal en el aspecto económico.

Síguenos en twitter @radioamlo

Los capos del futbol EDGAR TÉLLEZ 3 DE OCTUBRE DE 2012

A finales de los ochenta, los equipos de futbol América, de Cali, y Millonarios, de Medellín, arrasaban con los campeonatos de Colombia. Sin embargo, la persecución y caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha tuvo el inesperado efecto de privar a estos clubes de su combustible: el dinero del narco que compraba jugadores famosos y ablandaba la mano de los árbitros. La posible renuncia de Millonarios a dos de las estrellas de su camiseta (que simbolizan títulos malhabidos) parece iniciar, ahora sí, un camino hacia la legalidad en el negocio futbolero.
BOGOTÁ (Proceso).- Pese a las limitaciones de sus 86 años, el legendario exjugador argentino Alfredo Di Stéfano asistió a la embajada de Colombia en Madrid, España, la noche del martes 25. Allí lo esperaban los principales directivos del club deportivo Millonarios, encabezados por su presidente, Felipe Gaitán, algunos socios del equipo y la plantilla titular de jugadores, que acababan de cruzar el Atlántico desde la lejana Sudamérica. También acudió un puñado de ejecutivos del poderoso Real Madrid.
El punto de encuentro de esa noche era Di Stéfano, quien hizo historia en Millonarios y en Real Madrid entre 1950 y 1964 y fue calificado por la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) como uno de los cinco mejores futbolistas del siglo XX, al lado de Pelé, Beckenbauer, Maradona y Cruyff.
Las directivas de los dos planteles se habían puesto de acuerdo para jugar un partido amistoso el miércoles 26 en el estadio Santiago Bernabéu para homenajear a Di Stéfano y de paso recordar los 60 años del histórico encuentro en que Millonarios, con la estrella argentina, le ganó al Madrid 4-2 en su propia cancha.
Era mediodía del 26 en Madrid y las siete de la mañana en Colombia, cuando la cadena W Radio reveló una primicia: Millonarios se propone renunciar a dos títulos obtenidos en forma fraudulenta, según sus nuevos dueños. Más aún, uno de éstos le reveló a un reportero que la próxima junta directiva del club bogotano borraría dos de las 13 estrellas de su camiseta, correspondientes a los campeonatos de 1987 y 1988.
Acto seguido, la W entrevistó a Gaitán, quien, desconcertado por la filtración, sólo atinó a decir: “Todos sabemos el desafortunado pasado que ha habido en el equipo en Colombia, y es algo que con la nueva gestión y transparencia se ha puesto sobre la mesa, pero no hay posición oficial en este momento”.
La escueta declaración del presidente de Millonarios reabrió un debate que parecía cerrado sobre la historia reciente del club, cuando fue penetrado por los dineros mal habidos de José Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, capo del cártel de Medellín y socio de Pablo Escobar.
Ahora, a partir de la inédita iniciativa, Colombia se apresta a escudriñar nuevamente en el escándalo que estalló en noviembre de 1983, cuando el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunció públicamente que “dineros calientes” habían ingresado a Atlético Nacional, Millonarios, Santafé, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira, seis de los 14 clubes profesionales de futbol. En una rueda de prensa, Lara se comprometió ante reporteros internacionales a llevar las pruebas ante la justicia.
En esa ocasión, el programa televisivo Enviado especial, dirigido por el veterano periodista Germán Castro Caycedo, mostró por primera vez el rostro de El Mexicano, que se presentó como un empresario, dueño de numerosas haciendas en el caluroso municipio de Pacho, 80 kilómetros al norte de Bogotá, donde tenía su centro de operaciones. El menudo y mal hablado capo presumió orgulloso su costoso caballo Túpac Amaru y reconoció sin rodeos que era accionista de Millonarios.
Las denuncias del ministro de Justicia fueron llevadas a los jueces de Instrucción Criminal y por meses se mantuvieron en secreto, pero la creciente influencia del narcotráfico en la vida de Colombia quedó en evidencia cinco meses después de las revelaciones de Lara, cuando dos sicarios lo acribillaron en el norte de Bogotá por órdenes de El Mexicano y Escobar. Era el 30 de abril de 1984.
Ante el féretro de su ministro, el presidente Belisario Betancur anunció el restablecimiento de la extradición de colombianos a Estados Unidos, que se había negado a aplicar desde su arribo al gobierno dos años atrás.
El primero en ser extraditado, el 5 de enero de 1985, fue el reconocido dirigente deportivo Hernán Botero Moreno, presidente del Atlético Nacional, con sede en Medellín y uno de los clubes señalados por Lara. Durante la gestión de Botero, quien poseía 76% de las acciones, la oncena antioqueña fue campeona en 1973, 1976 y 1981. El directivo se hizo famoso ese último año porque en un clásico contra el Deportivo Independiente Medellín sacó un fajo de dólares y se lo mostró al árbitro Orlando Sánchez a través de la malla.
Tras la muerte de Lara, las autoridades acosaron a los mafiosos hasta forzarlos a la clandestinidad. Pero no se amedrentaron, sólo se hicieron menos visibles. El futbol les daba estatus en los cárteles y era una manera como tantas de gastar sus inmensas fortunas.
El Mexicano siguió manejando a Millonarios a su antojo. Había llegado al club en 1979 por una pista del capo del cártel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, ya accionista del equipo América, con quien sostenía buenas relaciones antes de estallar la guerra entre las dos poderosas organizaciones delictivas. Rodríguez le contó a El Mexicano que el club bogotano tenía un déficit de 200 millones de pesos, una fortuna en la época, y que su futuro estaba comprometido.
Entusiasmado, Rodríguez Gacha compró un paquete accionario equivalente a esa suma, pagó en efectivo y pidió que los documentos fueran suscritos a su nombre, el de su hermano Justo Pastor y su esposa Gladys Pimentel. El jefe del cártel de Medellín ya era el accionista mayoritario del equipo colombiano más popular y con más títulos.
A partir de ahí y en los primeros años de los ochenta, la presencia del mafioso era frecuente en la sede del equipo, un enorme predio en el norte de la capital colombiana. Además, los jugadores iban a entrenar a menudo en sus haciendas en Pacho, llamadas Mazatlán y Cuernavaca. Una fotografía que las autoridades encontraron años después de estos hechos lo muestra vestido con la camiseta del equipo y alineado con el plantel titular.
El allanamiento policiaco a una de sus oficinas en el centro de Bogotá en agosto de 1989, tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, confirmó que El Mexicano llevaba de su puño y letra la contabilidad de Millonarios, incluida la compra de costosos jugadores extranjeros. Uno de esos archivos muestra su firma en el fichaje, en agosto de 1983, de los reconocidos jugadores argentinos Esteban Gesto, José Daniel Van Tuyne, Alejandro Barberón, Alberto Pedro Vivalda y Carlos Ángel López.
De la mano llena de dólares de Rodríguez Gacha y con sus estrellas, Millonarios salió de la encrucijada financiera y ganó los campeonatos de 1987 y 1988. Estuvo a punto de repetir en 1989, pero el 15 de noviembre un grupo de sicarios asesinó en Medellín al juez de línea Álvaro Ortega, quien acababa de salir del partido Medellín-América en el estadio Atanasio Girardot.
Una semana después el Ministerio de Educación suspendió por primera vez el torneo, en cuyas finales ya estaban clasificados Millonarios y Junior. Al mes, el 15 de diciembre, el Bloque de Búsqueda de la Policía dio muerte a El Mexicano tras una intensa persecución en las playas de Coveñas, en la costa norte del país.
Con el capo desaparecieron los intereses del cártel de Medellín en el futbol. A Pablo Escobar le gustaba ese espectáculo y era hincha del Medellín, pero nunca mostró interés en controlar equipos o invertir dinero en ellos. Tampoco se confirmó que poseyera paquetes minoritarios de acciones en Medellín y Nacional, como señalaban investigaciones periodísticas de la época.
Aun así, Escobar logró que el Independiente Medellín fuera a jugar con él y sus lugartenientes a la cárcel de La Catedral a finales de 1991, donde estaba confinado luego de someterse a la justicia. Igualmente célebres son las visitas de los jugadores René Higuita y Leonel Álvarez.

El costo de la limpieza

Aunque Millonarios ha puesto sobre la mesa sus dos estrellas obtenidas en la era de El Mexicano, otro equipo de futbol, el América de Cali, logró muchos más triunfos de la mano de los hermanos Rodríguez Orejuela, los capos del cártel de esa ciudad del occidente colombiano, quienes tomaron el control del club a mediados de los setenta del siglo pasado. Hoy América tiene 13 estrellas en su camiseta, las mismas que Millonarios.
Luego de contratar jugadores de reconocida calidad, en 1979 el club vallecaucano ganó por primera vez un campeonato y continuó la buena racha entre 1982 y 1986, cuando obtuvo cinco títulos nacionales consecutivos y tres subcampeonatos en la Copa Libertadores de América. Incluso el capo Miguel Rodríguez asistió a algunas reuniones de la División Mayor del Futbol Colombiano (Dimayor), que agrupa a todos los clubes profesionales, donde Rodríguez fungía como vocero del América.
En junio de 2009, Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo Gilberto Rodríguez, admitió en una entrevista con el periódico El Universal de México que sus parientes compraron varios títulos del club rojo, “un equipo casi invencible que se paseó por todos los estadios de Colombia no solamente con sus grandes jugadores, sino con el dinero que había producto del narcotráfico, el cual también influyó en ciertos resultados cuando empezaron a pagarles a los árbitros dinero para que favorecieran al equipo”.
Ya pasada la estela de corrupción y muerte que arrasó a casi todos sus equipos profesionales de futbol colombianos, la legislación reciente permite pensar que los equipos avanzan hacia la limpieza. La Ley del Deporte, promulgada en mayo de 2011, forzó a los equipos a convertirse en sociedades anónimas para obligarlos a transparentar sus ingresos, sus gastos y sus inversiones en el extranjero. Hoy, 24 clubes profesionales y de la categoría B son empresas conocidas públicamente que, si bien afrontan dificultades económicas, tienen un rostro legal ante la afición.
Después de la muerte de El Mexicano, Millonarios no ha ganado ningún título y desde hace 24 años el equipo no pasa de la parte media de la tabla. El América, tras la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela hace más de una década, padece un aislamiento comercial y la falta de recursos lo llevó el año pasado a la categoría B, donde lucha por sobrevivir.


Síguenos en twitter @radioamlo

Las exequias de los archivos mexicanos JORGE SÁNCHEZ CORDERO 4 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una torpe decisión, tomada por la Secretaría de Educación Pública, perdida en la inmensidad burocrática y de la que dio cuenta la prensa nacional en agosto pasado, ordenaba el traslado de sus archivos a Tlalnepantla, donde quedarían confinados al olvido y a la destrucción. Sin embargo, la medida fue revocada debido a la oportuna intervención del Archivo General de la Nación (AGN) en estricto cumplimiento de sus nuevas responsabilidades, postura que se vio acompañada de muchas otras voces, nacionales e internacionales, las cuales impidieron la perpetración de lo que se vislumbraba como un atentado contra el patrimonio cultural mexicano.
Este evento, empero, entraña más que una simple torpeza. Su complejidad es mucho mayor pues revela, para decir lo menos, que se ha soslayado un debate nacional de gran trascendencia, toda vez que la importancia de los archivos es socialmente determinante: ¿Por qué? Porque son el cultivo material del que se nutren las raíces de nuestro tiempo presente; porque aseguran el conocimiento científico y recrean constantemente la memoria colectiva. En ellos se contienen, pues, los valores fundamentales de una sociedad; pero, más que por su valor patrimonial o científico, los archivos tienen un alto valor ciudadano.

La tentación totalitaria

Desde tiempos muy antiguos, las civilizaciones han recurrido a los archivos. Con su actividad, los escribas proveían a sus monarcas de una base sólida para la función de gobierno. Los documentos que redactaban, ya sea en forma de testamentos, certificaciones o copias, servían como elementos de convicción para toda clase de transacciones y controversias, razón suficiente para que reinos, principados, monasterios e iglesias comprendieran la importancia de preservar sus archivos, que legitimaban a grupos y comunidades. Difícilmente puede imaginarse el poder político sin el control del archivo y, con ello, de la memoria.
Recurrentemente los grupos de poder han tratado de ejercer un control sobre la memoria. En tierras americanas el trato no fue distinto: los obispos Juan de Zumárraga y Diego de Landa ordenaron la quema de los códices prehispánicos, emulando a Gonzalo Jiménez de Cisneros, fundador de la Inquisición, quien años antes había hecho lo mismo con el archivo árabe que albergaba la biblioteca de la Madraza, en violación de las Capitulaciones de Granada. El propósito era claro: aniquilar la memoria colectiva.
La Revolución Francesa implicó cambios sustantivos en la concepción del archivo. Como hombre de Estado, Napoleón Bonaparte reconoció la importancia de los archivos y ordenó que los acervos que legitimaban al Ancien Régime se preservaran, conservación que serviría como fuente insustituible para el estudio de la historia de Francia. Más aún, pretendía crear el Gran Archivo europeo, para lo cual ordenó el traslado a París de múltiples archivos, como los que guardaban los secretos del Vaticano y el de Simancas. Es evidente que el control de la memoria gravitaba sobre el poder. Otro ejemplo histórico de ello se manifestó en pleno siglo XX, cuando Hitler ordenó la quema de los archivos de Polonia.
En su informe al gobierno de Francia sobre el estado de los archivos nacionales, el jurista francés Guy Braibant describió con puntualidad la triple función social de esos acervos: conservar la memoria de una nación, la de una comunidad e incluso la de una familia: No hay, por lo tanto, historia sin archivo. Se trata de instrumentos de trabajo que permiten conocer la existencia de proyectos anteriores y sus diferentes etapas (no hay, por lo tanto, administración pública sin archivo).
El archivo finalmente permite a los ciudadanos ejercer sus derechos de manera eficaz al contar con acceso a documentos administrativos y judiciales que les conciernen personal o colectivamente, en el marco de una transparencia que en la actualidad se estima como un elemento funcional de la democracia. Sin el archivo no existe la res publica y, por lo tanto, no hay república sin archivo.
El archivo es un acopio de conocimientos; su control deriva en el control de la memoria (Aleida Assmann). Una metamorfosis en el poder está acompañada de transformaciones en la concepción del contenido del archivo. Después de una mutación política suele gestarse un cambio de valores, y lo que antes permanecía en secreto después se convierte en público, como lo fue el archivo de la Stasi, la policía política de la República Democrática Alemana.
Lo anterior evidencia que una sociedad puede ser calificada de democrática o represiva según sea el acceso, libre o restringido, a sus archivos. En los regímenes totalitarios los contenidos del archivo permanecen en secreto, mientras que en las democracias liberales se les considera del dominio público y pueden ser utilizados y evaluados por cualquier ciudadano.
La selección de los documentos públicos resulta fundamental. Cada periodo de la historia ha tenido sus propios criterios de selección y evaluación, aun cuando esto no sea compartido por las subsecuentes generaciones. Recientemente emergió un movimiento (Open Access) que propugna la apertura de archivos nacionales y cuyo origen se remonta a las declaraciones de Budapest de febrero de 2002 (Budapest Open Access Initiative), que precisaron su alcance con la declaración de Berlín de octubre de 2003.
La Ley Federal de Archivos, promulgada en enero del presente año, institucionaliza la memoria colectiva del Estado mexicano y prevé el acopio y resguardo de los documentos públicos. A pesar de su importancia, su debate en la comunidad científica fue soslayado.
Archivos para la investigación

Resulta fundamental diferenciar los archivos para la investigación de los archivos de la investigación. Por su naturaleza intrínseca, la investigación es una consumidora natural de archivos; es en su beneficio que se han organizado, a través del sistema nacional de archivos, reglas que permiten la consulta y divulgación de documentos.
La irreversibilidad de los fenómenos sociales y su historicidad le confieren al nuevo sistema nacional de archivos un interés particular para el estudio de esos fenómenos del pasado e incluso del tiempo presente.
Los documentos de los archivos constituyen fuentes estructuradas en función del trabajo científico; su elección, identificación y análisis están determinados por la orientación de la investigación; resultan fundamentales en investigaciones que evalúan costumbres y prácticas efectivas y formulan hipótesis. Son los puntales del andamiaje científico y hacen viable la producción de conocimiento, la formulación de generalizaciones y abstracciones.
Es un truismo sostener la relevancia del archivo para las ciencias sociales. No lo es sostener que el archivo es un componente relevante de la política de las ciencias sociales. Éstas, en consecuencia, plantean interrogantes naturales en la formación de este patrimonio cultural en la medida en que formulan el cuestionamiento de la herencia cultural y aseguran la transmisión y perennidad del conocimiento y de las prácticas sociales, culturales o políticas; de ahí que las ciencias sociales sean constitutivas de este patrimonio cultural.
Evocar el planteamiento del archivo en las ciencias sociales es interrogarse sobre la legitimidad de éstas en tanto disciplinas y áreas del conocimiento científico. La forma de aprehender la naturaleza y formas de uso de los archivos condiciona claramente las modalidades que les permiten su acopio y resguardo, para conservarlo y permitir su acceso.
Resulta una trivialidad sostener que la documentación científica está vinculada a una actividad social compleja. No debe empero haber equívocos: son los ámbitos científicos –con sus diferentes variedades disciplinarias, con tópicos transversales, con objetos delimitados– los que constituyen los ejes de la organización del trabajo científico en nuestro país en las instituciones académicas pluridisciplinarias y polivalentes.

Archivos de la investigación

La investigación, por razones naturales, es productora de un número significativo de documentos de archivo en el seno de las instituciones académicas cuyo objetivo es la producción intelectual en los diferentes ámbitos del conocimiento. Pluralidad de investigaciones implica pluralidad de metodologías.
Resultado de la actividad intelectual, sus archivos tienen una naturaleza particular: son simultáneamente archivos y creaciones intelectuales y, por lo tanto, documentos de interés público y producción personal. Esta ambivalencia repercute en el marco de legalidad tanto en su acopio como en su resguardo y divulgación.
Dentro de la comunidad científica existe un sentimiento peculiar de pertenencia, especialmente en lo que atañe a las investigaciones individuales, que inercialmente conduce a calificarlas como archivos “personales”, sentimiento que es extensivo a los archivos “políticos”. La diferencia empero es de sustancia: en tanto que a los segundos los anima una concepción feudal del poder, a los primeros los mueve un interés de protección por parte de la legislación autoral.
Son precisamente estos archivos, que contienen construcciones intelectuales, los que ameritan un tratamiento jurídico específico. El acceso a los archivos públicos de la investigación concierne simultáneamente a los archivos propiamente dichos y a los mecanismos para su consulta.
Los diferentes ámbitos que comprende la divulgación de estos archivos obligan, ante textos legales concurrentes o incluso contradictorios, a una lectura combinada.

El interés público de la investigación

Los archivos de la investigación provienen de la investigación pública y, por lo tanto, revisten un carácter de interés público cuyos contornos es necesario delimitar, no solamente considerando las reglas de su acceso en tanto documentos públicos, sino en consideración a la naturaleza propia de la actividad de la investigación.
Por regla general se puede sostener que los archivos son públicos porque emanan de una dependencia o entidad pública. El carácter orgánico, sin embargo, es insuficiente; el énfasis está en la actividad que se ejerce: los archivos son públicos cuando contienen documentos que provienen de una actividad pública. Es el vínculo entre el ejercicio de una actividad el que determina su naturaleza. De ahí que los archivos institucionales provenientes de la administración de la investigación, que se extiende incluso a los laboratorios científicos, son públicos.
La producción científica, conforme a los estatutos, constituye el centro de gravedad de la actividad de los investigadores y, por disposición legal, el de las instituciones académicas. Por lo tanto los, documentos y archivos que generan unos y otras son públicos, ya que provienen del trabajo de los investigadores que actúan con tal carácter. La consecuencia inmediata de esta aseveración es que los teoremas, las ecuaciones y las hipótesis científicas, entre otros, son de libre circulación en beneficio de los intereses de la sociedad; así que los elementos acopiados por los investigadores en las ciencias sociales tampoco pueden estar protegidos por la legislación autoral, puesto que forman parte, exclusivamente, de su proceso intelectual.
Resulta un hecho incontrovertible que los archivos de la investigación se encuentran en la confluencia de dos nociones primarias: archivos públicos y archivos que provienen de la actividad intelectual en un contexto de obligaciones estatutarias. La creación está en el eje de las obligaciones del investigador, entre ellas la de producir resultados y difundirlos. Es indiscutible que estas obligaciones se dan en el marco de la libertad científica, que por definición es crítica y que ahora, según lo establece la reforma constitucional del artículo cuarto, párrafo noveno, goza de la absoluta libertad de creación.
El marco normativo del investigador está gobernado en consecuencia por tres ejes fundamentales: el derecho del archivo, la legislación autoral y el derecho a la investigación (libertad científica con la tutela constitucional de la absoluta libertad de creación), lo que determina un régimen legal específico del archivo de la investigación.
El interés público de la investigación le impone al investigador una doble obligación en materia de divulgación, ya que se trata de documentos públicos que provienen de una producción científica pública. Es por ello que al investigador se le atribuye un privilegio en lo que respecta a su difusión.
Los puntos de fricción con la legislación archivística son claros en materia de acopio, resguardo y divulgación. Para solucionar este conflicto debe partirse del postulado de que la creación intelectual es de interés público; pero este carácter no debe inhibir las prerrogativas del investigador. El principio de la libertad científica y de la absoluta libertad de creación que se expresa en el texto constitucional, en su sentido lato, no debe obstruir el acopio ni el resguardo de la documentación científica, ni tampoco alterar la producción científica.
Resulta obvio que el investigador suele retener para sí documentación que requiere para su actividad. Sin embargo, no debe soslayar que los archivos científicos nutren a largo plazo los trabajos de investigación. En consecuencia, el derecho que le asiste para detentar documentos de manera temporal y material no significa de ninguna manera el derecho de retenerlos intelectualmente.
Divulgación del trabajo científico

El debate sobre la divulgación del trabajo científico se centra en el derecho que le asiste al usuario. A éste, empero, no le corresponde el derecho de beneficiarse libremente de esta información si al hacerlo transgrede la legislación autoral.
El atributo cardinal de las prerrogativas que le asisten al investigador como autor está, sin discusión, en la elección del momento propicio para divulgar sus investigaciones y sus modalidades; incluso le asiste la prerrogativa de negarse a divulgarlas. Este privilegio, sin embargo, confronta directamente el derecho del archivo. El interés público de la investigación, por lo tanto, prevalece sobre estas prerrogativas del autor. La naturaleza pública del archivo las eclipsa irremisiblemente.
Social y estatutariamente se espera del investigador la divulgación de su actividad y la de sus resultados; él debe dar cuenta del estado que guardan sus investigaciones, y al hacerlo compromete su credibilidad científica e, irremediablemente, la de la institución que lo auspicia. Estas consideraciones le imponen la responsabilidad del control que debe tener en materia de divulgación, pero las prerrogativas en torno a esta última opción no le son totalmente discrecionales.
Al divulgar su producción intelectual, el investigador debe proporcionar los elementos de convicción que le sirvieron en sus investigaciones y permitirle al lector verificar sus hipótesis y sus interpretaciones. Las obligaciones que le son impuestas no provienen de la necesidad de acceso a esa documentación pública, sino del estatuto que lo gobierna. Se entiende pues que existe una conciliación necesaria entre la legislación autoral y las condiciones de su libertad, por una parte, y el estatuto que lo rige, con las obligaciones que le imponen, por la otra.

Las exequias

Este ensayo no tiene mayor pretensión que ser la crónica de un debate anunciado. Estamos en presencia de las exequias de los archivos en su antigua concepción. El nuevo sistema de archivos resulta refundacional y de una importancia capital para el desarrollo de la ciencia en México; implica una nueva dimensión en lo que respecta a la formación del patrimonio cultural mexicano. De acuerdo con esta nueva dimensión, los archivos mexicanos, como el ave fénix, emergerán asimismo con un nuevo sentido.
La memoria cultural es un arte de memoria que sistematiza el conocimiento colectivo de sus miembros en relación con su pasado, su forma de vida, sus valores, sus referentes y sus orientaciones comunes.
Existen aún pendientes importantes en esta materia, como los que tienen que ver con los archivos orales, que resultan fundamentales en las ciencias sociales y son constitutivos del patrimonio cultural inmaterial mexicano. Elementos de una gran fragilidad, los testimonios enfrentan en la archivística integrista incertidumbres jurídicas que los confinan a la oscuridad de la anomia.

*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon Assas.

Síguenos en twitter @radioamlo

Relacionan a líder de “Los Zetas” con el asesinato del hijo de Moreira JUAN ALBERTO CEDILLO 4 DE OCTUBRE DE 2012

SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).-  La  Secretaría de Marina, de la Defensa, Gobernación, PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal coordinarán  las investigaciones del homicidio de José Eduardo Humberto Rodríguez, informó hoy Homero Ramos Gloria, procurador de Coahuila.
“Están por arribar autoridades de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, de Gobernación, de la Procuraduría General de la República  y de la Secretaría de Seguridad Pública federal”, dijo el Procurador.
Destacó que un cuerpo especial de la Policía Investigadora ya se encuentra en Ciudad Acuña para iniciar las investigaciones e interrogar a los testigos.
Ramos Gloria manifestó que seguirán varias líneas de investigación, pero éstas se mantienen bajo resguardo.
La familia de la víctima informó que convocarán a una misa  en honor al difunto al filo de las 16:00 horas en Ciudad Acuña, donde también  se celebrarán el sepelio y entierro.
Hasta el momento se desconocen las causas del homicidio, pero extraoficialmente ha trascendido que podría ser una venganza del líder de los “Zetas”,  Miguel Ángel Treviño Morales, alias “el Z40”.
Lo anterior  debido a que policías estatales mataron a uno de sus sobrinos ayer en Piedras Negras, después de un enfrentamiento en el que fallecieron cuatro personas más.
Esa hipótesis se sustentó en unas “narcomantas” aparecidas en la región con el texto “Familia por Familia”, cuyo contenido íntegro aún no ha sido dado a conocer.


Síguenos en twitter @radioamlo

Vicepresidente de Televisa pide a EPN romper con Gordillo LA REDACCIÓN 3 DE OCTUBRE DE 2012


MÉXICO, D.F. (apro).- El vicepresidente corporativo de Televisa y presidente del organismo civil Mexicanos Primero, Claudio X González Guajardo, demandó hoy al presidente electo Enrique Peña Nieto romper el arreglo político con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuya líder vitalicia es Elba Esther Gordillo.
Durante la presentación de su propuesta educativa “Ahora es cuando. Metas 2012-2014”, el empresario acusó al sindicato magisterial de obstruir el “cambio profundo” en la calidad educativa que necesita el país.
“Creemos que es condición necesaria de la reforma a fondo de la educación, que se cambie el arreglo político-corporativo actual en materia educativa.
“Con las trabas que actualmente establece el sindicato a todas las transformaciones educativas, es muy difícil transitar hacia una reforma más rápida y más sistémica”, afirmó el empresario impulsor también de la iniciativa “Fin al abuso”.
Dicha iniciativa busca que mil 700 millones de pesos anuales que sirven, según el organismo civil, para pagar los salarios de 22 mil 353 comisionados sindicales en lugar de dar clases en las escuelas, se encausen a la educación de los niños.
Durante la presentación de su propuesta educativa que ya fue dada a conocer al equipo de transición, González dijo que no se trata sólo de que conozcan un estudio, sino de que lo tomen en cuenta cuando la nueva administración tome posesión el 1 de diciembre de 2012.
En entrevista al término del evento, el funcionario de Televisa criticó al gobierno del actual presidente Felipe Calderón porque, dijo, no pudo deshacerse del acuerdo político con el SNTE. “Definitivamente hay un gran déficit en la presente administración en ese tema”, lamentó.
Por ello exigió a la administración entrante terminar con esos pactos que “sólo perjudican al sistema educativo nacional”.
La iniciativa de González Guajardo fue cuestionada por el SNTE el pasado 3 de septiembre. El gremio magisterial lamentó que organizaciones como Mexicanos Primero armen campañas mediáticas con el único propósito de descalificar a dicho sindicato porque, a su juicio, no aportan al mejoramiento de la educación pública.
“¿Cómo pretende erigirse en paladín de los recursos públicos y de la educación en México quien elude el pago de impuestos a través de esquemas comoBécalos (cuyos ingresos aporta la sociedad y él los aprovecha convirtiéndolos en deducibles de impuestos para dicha organización); quien, además, respalda programas televisivos donde se ridiculiza a los maestros y se humilla a los estudiantes, representándolos con personajes burdos y tontos?”, cuestionó el SNTE.
“Ahora es cuando” consiste en una agenda de reformas para el sector educativo denominada Metas 2.0, enfocadas a lograr que todos los niños que iniciaron la primaria en agosto pasado concluyan sus estudios de bachillerato en el año 2024.
David Calderón, director general de Mexicanos Primero, quien también estuvo en la presentación del proyecto, dijo que es necesario establecer la condición de empleados de confianza para directores y supervisores de las escuelas, y eliminar las comisiones mixtas SEP-SNTE que no tengan que ver con asuntos laborales.
En segundo lugar, la profesionalización docente, en tercero, tener un gasto transparente y eficiente; y el cuarto, autonomía en escuelas.
Detalló que para lograr la trayectoria completa de los alumnos de 12 años de educación obligatoria es necesario que se cursen ciclos escolares de 200 días hábiles y 6.5 horas de clases al día “con calidad” para lograr, de esa manera, que en el 2024 al menos el 85% de los alumnos concluya el nivel bachillerato.
Añadió que la segunda meta del programa es lograr que los alumnos tengan aprendizajes de calidad, equivalentes a los que tienen los estudiantes de otros países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Actualmente hasta el 80% de cada generación de nuestros jóvenes reprueban o pasan de panzazo las pruebas internacionales y menos de uno por ciento de nuestros estudiantes tienen nivel de excelente en matemáticas”, dijo.

Síguenos en twitter @radioamlo

Los 3 “efectos negativos” de la reforma laboral Gustavo SánchezOctubre 4, 2012 4:45 pm

El asesor jurídico del STUIA, Arturo Alcalde Justiniani, revela algunos artículos contemplados en la nueva Ley Federal del Trabajo que podrían perjudicar a la clase trabajadora en México.
Arturo Alcalde Justiniani, asesor jurídico delSindicato de Trabajadores de la Universidad Iberoamericana (STUIA), analizó para Aristegui Noticias la reforma laboral que se encuentra en la “cancha” del Senado y destacó algunos aspectos que podrían afectar a los trabajadores.
Estos son los tres “efectos negativos” que podrían traer consigo las modificaciones y adhesiones a la Ley Federal del Trabajo:
1- Limitar a un año el pago de salarios caídos = “despidos baratos”
Para Justiniani, establecer los doce meses como tope máximo de pago, en caso dedespido injustificado, es una solución “muy equivocada” porque está construida sobre la hipótesis de los juicios lentos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la cual no se le debió imputar a los trabajadores.
“La solución nunca debió haber sido que pagaran la factura los trabajadores sino que se buscara que los juicios fueran rápidos para que no hubiera ninguna lesión ni para los trabajadores ni para los empresarios”, indicó.
Efecto negativo: “Es totalmente equivocada y profundamente dolorosa para los trabajadores porque va a ser un incentivo para que los empresarios despidan a la gente, sobre todo de más antigüedad o más salario porque se redujo el costo del despido”.
Esto menciona el modificado artículo 48:
2- Despidos “a juicio del patrón”
El asesor jurídico del STUIA afirma que hay una frase en el artículo 39-B que debería eliminarse ante posibles abusos.
Se trata de aquella que indica que al finalizar el plazo de un contrato temporal (de hasta 6 meses), “a juicio del patrón” se podría dar por terminada la relación laboral. .
Justiniani señaló que incluso resulta contradictorio que una frase diga que es a juicio del patrón y en otra mencione que se debe tomar en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad.
Efecto negativo: Los patrones argumentarían que “a su juicio” determinada cantidad de trabajadores no acreditó su competencia y los despediría con facilidad; se volvería un círculo “vicioso” de contratos temporales en la empresa con nuevos empleados cada seis meses, a los que se les pague menos que en empleos fijos.
Esto menciona el artículo 39-B:
3- Omisiones en pagos por hora
Alcalde Justiniani reconoció que fue positivo que en el artículo 83 se especificara que elpago por hora no podría ser menor a un salario mínimo, de aproximadamente 60 pesos.
No obstante, aseguró que “lo ideal” era especificar claramente que tienen que respetarse la antigüedad y las prestaciones como el pago del séptimo día, lo cual fue omitido.
Efecto negativo: Las empresas pagarían por horas de la semana sin incluir el pago de días de descanso, como ocurre en los empleos fijos.
Así quedó el artículo 83 que pasó al Senado:


Síguenos en twitter @radioamlo

El sexenio fúnebre JOSÉ GIL OLMOS 3 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- El próximo 1 de diciembre, el gobierno de Felipe Calderón concluirá su sexenio con cerca de 60 mil muertos, producto de la guerra contra el narcotráfico que declaró en los albores de su administración.
Esa será, aunque no lo quiera, su carta de presentación cuando vaya errando por el mundo en busca de un lugar, porque en México no habrá de quedarse.
Durante estos seis años, Calderón mantuvo siempre una sonrisa burlona que no borró, pese a que todos los días de su gobierno hubo un muerto, un desaparecido o una víctima de la violencia que, de manera incontenible, creció como espiral, con rachas que alcanzaron más de 30, 40 o más asesinatos en un solo día.
El panista destacó por su actitud de soberbia y, durante todo su sexenio, le hizo falta sensibilidad para escuchar y atender a miles de familias que agotaron todas las instancias pidiendo justicia.
En este periodo de la vida del país, el presidente nunca cedió en su posición despótica de gobernar, poniendo en puestos claves a sus amigos, siempre menores que él, para no hacerle sombra.
En fin, Calderón nunca se transformó en jefe de Estado. Tuvo su nivel máximo de desarrollo cuando fungió como coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, donde aprendió a negociar con líderes sindicales, gobernadores, dirigentes partidistas, empresarios y representantes de otros poderes fácticos a los que no tocó en su gobierno.
El desdén por la sociedad del segundo y último presidente panista fue más que evidente. Cuando asesinaron a los jóvenes en Villas de Salvárcar, Chihuahua, lo primero que dijo es que eran pandilleros, y en el caso de doña Ernestina Ascencio, antes de que concluyeran las indagaciones aseguró que había fallecido de “gastritis crónica”, desdeñando las pesquisas que apuntaban a una violación por parte de soldados.
Bajo su égida, la seguridad pública y la justicia estuvieron supeditadas a la protección de sus funcionarios, como Genaro García Luna, o a la omisión de las autoridades municipales y estatales, que nunca tocó, creando con ello un ambiente de impunidad que alcanzó 98% de los casos remitidos ante los tribunales penales, pues sólo 2% de los detenidos recibieron sentencia.
Uno de los casos de mayor impunidad, que trató con la punta del pie, fue el de los miles de familiares de muertos y desaparecidos que le demandaron justicia. En uno de los encuentros en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Nepomuceno Moreno, sonorense de 64 años a quien le desaparecieron un hijo, le pidió ayuda. Meses después fue asesinado en pleno centro de Hermosillo.
Ante las víctimas, el panista se comprometió a impartir justicia, pero con el paso de los días respondió con remedos, creando la Procuraduría de Atención de Víctimas, sin presupuesto y sin una estructura material y humana. Propuso una ley en la materia que nunca fue consultada con las familias afectadas y en la que no se reconoce a las víctimas de la violencia. Y, en el colmo de la soberbia, impuso su voluntad para construir un memorial en las instalaciones militares, insultando con ello la memoria de quienes precisamente murieron por el abuso de los soldados y policías coludidos con el crimen organizado.
Otro desdén de arrogancia fue el que hizo ante la demanda de aparición de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en 2007 en Oaxaca. Los dos cuadros políticos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) fueron presa de desaparición forzada por parte de la policía del estado gobernado entonces por Ulises Ruiz, quien los entregó al Ejército.
A pesar de que durante cuatro años la Comisión de Mediación (Comed) pidió a la Secretaría de Gobernación indagar sobre el paradero de los dos guerrilleros, nunca se atendió el llamado.
Mediante una carta pública, dicha instancia anunció esta semana su disolución, al advertir que en el gobierno federal nunca hubo voluntad de resolver el caso, sino que se crearon muchos obstáculos y se eliminaron pruebas.
Calderón ya prepara sus maletas. En Los Pinos están esculpiendo su figura, que habrá de erigirse en el Paseo de los Presidentes, ubicado en los jardines de la residencia oficial.
Hasta ahora se sabe que piensa radicar en Texas y dar clases en la universidad de ese estado, pero ya hay protestas de organizaciones sociales y de estudiantes que repudian su presencia.
Durante estos seis años el panista ha dicho a sus críticos que preferiría pelear hasta con piedras contra el crimen organizado a no hacer nada. Pero Calderón se equivoca, porque la crítica no ha sido en ese sentido, sino por la falta de una estrategia integral que atienda, al mismo tiempo, la seguridad, la salud, la educación, la justicia y, sobre todo, la corrupción.
El gobierno de Calderón, próximo a concluir, será un gobierno fúnebre. Será el sexenio de la muerte, la impunidad y la corrupción, y uno de los periodos más violentos y tristes de México en muchos años, con una herida social que tardará varias generaciones en cerrar.


Síguenos en twitter @radioamlo

¿Autocrítica o cinismo? HÉCTOR TAJONAR* 3 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los asesores del presidente electo lo han inducido a tomar una decisión audaz y riesgosa. En el denodado anhelo de que sea percibido como un gobernante respetuoso de los valores de la democracia, se han priorizado tres reformas contenidas en el “Manifiesto” dado a conocer días después de su infortunada visita a la Universidad Iberoamericana: la autonomía constitucional del IFAI, el control de la contratación de publicidad gubernamental y el combate a la corrupción. ¿Se trata de un acto de contrición política o de la continuación de una estrategia mercadotécnica destinada a construir la imagen de una “Presidencia democrática”?
Lo primero que llama la atención es que el partido del presidente electo, y su propia gestión al frente del Estado de México, constituyen ejemplos arquetípicos de lo que ahora se pretende combatir. El cartón de Naranjo titulado Consenso (Proceso 1872) expresa y explica dicha paradoja con ingeniosa concisión. Si bien la proclividad a buscar el beneficio personal mediante el uso indebido de cargos y recursos públicos no es exclusiva del PRI, hay que reconocerle al partido tricolor su primacía y refinada experiencia en el oficio, heredada de insignes maestros como Gonzalo Santos o Carlos Hank González. Es larga la lista de notables priistas inmunes ante fundadas presunciones de corrupción, protegidos bajo la égida del antaño partido hegemónico (algunos de ellos ocupan hoy escaños en el Congreso). Durante siete décadas, el poder omnímodo de los presidentes autoritarios fungió como propiciador y árbitro del ejercicio de la corrupción. Después de la alternancia, la corrupción se “democratizó”: La repartición del poder se tradujo en la distribución del botín. En llegando al banquete del erario federal o estatal, los representantes del PAN, PRD y demás partidos vivales mostraron su apetito irrefrenable.
El PRI perdió el monopolio de la corrupción, pero no el poder para exigir e imponer la impunidad de sus camaradas. La debilidad política de los dos mandatarios panistas, dependientes del partido de la revolución institucionalizada para gobernar, así como para mantener la estabilidad política y social del país, les impidió cumplir sus promesas de campaña y ser congruentes con los principios éticos emanados de los documentos fundacionales de su partido. Fox no procesó a ninguna “tepocata”, y Calderón nunca combatió frontalmente la estructura financiera del crimen organizado ni el lavado de dinero en su fallida “guerra contra el narcotráfico”. No sólo fueron permisivos con los corruptos más visibles del país, sino que pactaron al menos con los dos principales protagonistas de la corrupción sindical. La corrupción del PRI, tan criticada en la retórica de los presidentes panistas, se tradujo en garantía de impunidad.
El pluralismo y la fragmentación del poder debilitaron al gobierno federal frente a la estructura corporativa del PRI, los gobiernos estatales, los sindicatos y los oligopolios. La impunidad se convirtió en condición de gobernabilidad. “Mientras México se esfuerza por enfrentar diversos retos para transformarse de un Estado autoritario en uno verdaderamente democrático, la corrupción sigue normando la naturaleza y el curso de la política mexicana”. (Stephen D. Morrris, Political Corruption in Mexico. The Impact of Democratization, 2009, página 239; inexplicablemente, este estupendo libro aún no ha sido traducido al español.) Además, la vulnerabilidad gubernamental abrió nuevas oportunidades para la corrupción en todos los estados, partidos y niveles de gobierno. “México ha transitado de un Estado relativamente fuerte basado en reglas informales a uno incapaz de imponer los intereses nacionales y el estado de derecho”. (Página 232.)
La historia del combate a la corrupción en el México posrevolucionario es un oscuro testimonio de fracaso y simulación. José Vasconcelos lo percibió desde que Venustiano Carranza creó el Departamento de la Contraloría, en 1917. “Gracias a la complicidad del contralor, un simple designado del presidente, han podido los presidentes Carranza y sus sucesores disponer del dinero de la nación a su antojo, con un arbitrio y un abuso que envidiaría el Shah de Persia”. (La Tormenta, JUS, página 285.) A partir de entonces, esa ha sido la gran limitación de las leyes e instituciones creadas para combatir la corrupción o para favorecer la transparencia y rendición de cuentas en el país: su falta de independencia o autonomía real frente a las instancias gubernamentales a las que se debiera vigilar, auditar y, en su caso, sancionar.
De ahí la relevancia de que el IFAI obtenga la autonomía constitucional. No obstante, es imprescindible que se agregue un elemento primordial: evitar que el presidente tenga la facultad de nombrar y remover a los comisionados sin la aprobación del Senado, como al parecer lo pretendía el equipo del presidente electo. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo sexto, segundo párrafo) establece que los Estados nacionales están obligados a garantizar la independencia necesaria a las instituciones encargadas de combatir la corrupción para que éstas puedan realizar sus funciones de manera efectiva, libres de toda influencia indebida.
Falta de transparencia, turbiedad en la relación con los medios y corrupción son tres facetas de un mismo fenómeno: la prevalencia de intereses políticos y financieros sobre el imperio de la ley. A partir de la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación por Miguel de la Madrid, en 1983, bajo el lema de la “renovación moral de la sociedad”, el dominio de la política frente a la norma jurídica opera verticalmente desde la Presidencia de la República. La prerrogativa para determinar a quién se procesa por presunta corrupción, y a quién no, la mantiene el presidente en turno.
Tal como lo confirmó el encarcelamiento del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, durante el mandato delamadridista, la divisa era: “A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”. Carlos Salinas de Gortari fue más lejos: La Quina fue condenado a 35 años de cárcel, como resultado de una venganza personal del mandatario, quien además impuso a Carlos Romero Deschamps como líder del sindicato petrolero. El célebre magnate del proletariado ha vuelto a ser premiado por su partido con un escaño en el Senado, con fuero incluido, claro; y será un elemento clave –e intocable– en la reforma de Pemex, planeada por Peña Nieto. ¿Qué hará la Comisión Anticorrupción al respecto?
Ernesto Zedillo no se quedó atrás. El encarcelamiento de Raúl Salinas rompió con un principio rector del presidencialismo autoritario: proteger a su antecesor en el cargo de las tropelías que hubiesen cometido él o sus allegados. Mediante dicha impunidad institucionalizada, el ocultamiento de la corrupción pasada permitía el libre ejercicio de la corrupción presente. A pesar del evidente distanciamiento y antipatía entre Calderón y Fox, el actual mandatario no procedió judicialmente contra su antecesor ni contra sus familiares. ¿Cómo actuará Peña en materia de corrupción ante sus predecesores? ¿La reciente actitud obsequiosa de Fox y Calderón ante Peña Nieto revela una búsqueda de reciprocidad, de complicidad, o es simple precaución?
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional muestra que durante las administraciones panistas México siguió ubicado entre los países más corruptos del mundo. En 2011 obtuvo sólo 3 de calificación en una escala del 0 al 10 (en 2000 fue de 3.3). Adicionalmente, el Barómetro Global de la Corrupción revela que el 76% de los mexicanos piensa que la corrupción en el país ha aumentado en los últimos tres años (18% opina que sigue igual, y sólo el 7% cree que ha disminuido). Todo ello indica que de poco han servido las leyes e instituciones creadas desde hace casi tres décadas para combatir la corrupción, así como para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué ha faltado? Básicamente, voluntad política para dotar de verdadera independencia y autonomía a los organismos creados para dichos propósitos. Ese será el principal reto del presidente Peña Nieto para conferir credibilidad a sus reformas, especialmente a la Comisión Anticorrupción. No son buenas señales las que el hoy presidente electo envía al desdeñar la aprobación unánime del Senado de la propuesta para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, así como al ignorar la conveniencia de dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación.
¿Autocrítica o cinismo? Los antecedentes del presidente electo y de su partido inclinan la balanza palmariamente hacia la segunda opción. Mi escepticismo es total frente a la autenticidad de su propósito de combatir la corrupción con rigor jurídico ajeno a intereses políticos y financieros. No obstante, sé que no tendremos una respuesta certera a esa pregunta hasta el final de la administración de Enrique Peña Nieto, la cual deberá servir como parámetro fundamental para valorar su gobierno.
*Investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.


Síguenos en twitter @radioamlo

Las andanzas del socio de Fox PATRICIA DÁVILA 4 DE OCTUBRE DE 2012

Cosme Mares, acusado de haber sido prestanombres de Vicente Fox durante su sexenio, sigue siendo amigo del exmandatario y de las autoridades de Durango, donde expande sus empresas. Al estado norteño llegó impulsado por un empresario de la construcción con el que tuvo diferencias y al que ahora, gracias a su influencia en la administración duranguense, tiene en la cárcel. Mares, con un largo historial de abuso, prepotencia, incumplimiento de trabajos y amenazas, ahora va de la mano del guanajuatense a hacer negocios con los ganaderos de la región… quienes desconfían de él.
DURANGO, DGO. (Proceso).- Cosme Mares, presunto prestanombres del expresidente Vicente Fox, se fortalece arropado por el gobierno de esta entidad. Al tiempo que se consolida como constructor en el estado, en mancuerna con su amigo el exmandatario introdujo y fomenta la producción de ganado wagyu, el de la carne más cara del mundo. Para ello ambos rentan aquí el rancho Cañas y establecieron la empresa Agroindustria Coahuayana.
El rancho Cañas (propiedad de Gonzalo Franco, quien se ha negado a venderles el lugar) de 5 mil hectáreas alberga ahora sólo 500 cabezas. Ganaderos consultados por este semanario, quienes pidieron el anonimato, aseguran que Fox y Mares pretenden llegar a las 50 mil.
A pesar de lo espectacular de estos grandes negocios de Fox y Mares, lo que puso a éste nuevamente en la palestra es el abuso de la influencia de la que goza en Durango: El pasado 27 de agosto, por una denuncia que interpuso dos días antes contra el constructor duranguense Javier Piñera Blanco –su exsocio en la constructora Rostec de México–, la fiscalía estatal detuvo a éste, quien desde entonces está en la cárcel.
En 1994 Piñera invitó a Mares a realizar obra en Durango por medio de la constructora Rostec. En 2003 lo convirtió en accionista de su empresa y en 2004 lo presentó con el entonces gobernador y ahora senador Ismael Hernández Deras, de quien se hizo amigo junto con Fox. Desde entonces el constructor y el expresidente se relacionaron con el entonces secretario de Finanzas de Durango, el ahora gobernador Jorge Herrera Caldera.
Fox y Mares son protagonistas en eventos relevantes del estado.
En la exposición y subasta ganadera de las fiestas de la ciudad, en julio de 2011, Mares ofreció un banquete en el que el único platillo fue carne de wagyu. Reunió a 600 integrantes de las cámaras empresarial, comercial, de la construcción, a políticos y sobre todo a ganaderos, y les habló de la conveniencia de criar y comercializar este tipo de ganado. Por supuesto él se ofreció a poner a los sementales para la inseminación, cada uno por unos 3 mil pesos.
En la comida su invitado principal fue Fox, quien se ofreció a ser intermediario con empacadoras de Estados Unidos. Algunos productores entraron de inmediato al negocio, como Heriberto Quiñónez, presidente de Ciudad Pecuaria. Desde entonces éste reúne a grupos de ganaderos a quienes Mares intenta convencer de lo exitoso del proyecto. Además, aseguran, les ofrece dinero y el apoyo de Fox. La meta es llegar a las 50 mil cabezas.
El interés de Fox y Mares en esta entidad es justificado: Durango ocupa uno de los tres primeros lugares nacionales de exportación y producción de ganado.
En un convite que ofreció en las fiesta de la ciudad en 2012, el constructor no estuvo presente –porque acababa de ser abuelo– y aun así el agasajo fue concurrido. Entre los comensales estaba el torero Eloy Cavazos, invitado del gobernador Herrera. No faltó el plato principal: carne de wagyu.
Antes, a tres días de las elecciones del 1 de julio, invitado por el gobierno estatal Fox acudió al Centro de Convenciones Bicentenario a dictar una conferencia sobre el voto razonado y la conveniencia de votar por Enrique Peña Nieto. Estuvo acompañado por el gobernador Herrera y por la cúpula empresarial y política local.
Desde que era gobernador Hernández Deras (2004-2010), la relación del estado con Fox se dio en buenos términos, al grado de que le autorizó a la entidad la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán, megaobra presumida por Felipe Calderón. Incluso entre constructores se afirma que esta relación influyó para que se diera el visto bueno al proyecto y a la creación de un fideicomiso que lo protegería de que a su llegada Calderón suspendiera los recursos.
Mares tiene ya una historia negra: En 2004 fue acusado por ejidatarios de Ojo de Agua, Michoacán, de apoderarse “con maniobras fraudulentas” de más de 200 hectáreas de franja costera donde levantó un emporio agrícola y ganadero. Para ello ese año constituyó la empresa Grupo Ojo de Agua de San Telmo, una “sociedad de producción rural” que se dedica a la cría y comercialización de ganado, venta y arrendamiento de maquinaria agrícola y compraventa y distribución de forrajes y medicamentos (Proceso 1552).

La sociedad

La relación de Mares con Piñera es antigua.
Piñera cuenta a Proceso que entre 1986 y 1992 trabajó en la Ciudad de México para la Dirección de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Por esas fechas Mares se volvió contratista de la dependencia y entonces ambos se conocieron.
Cuando Piñera regresó a Durango trabajó un par de años para la Secretaría de Obras Públicas local. En 1994, en asociación con su esposa Araceli Castro creó la constructora Rostec, enfocada a pequeños estudios y proyectos.
A finales de ese año la empresa obtuvo un proyecto que requería mayor inversión y Rostec no tenía capital suficiente. Acudió a Mares para invitarlo a invertir. Éste aceptó. Así se convirtió en socio capitalista y se llevaba alrededor de 65% de las utilidades.
Aunque no los muestra a la reportera, Piñera afirma que hay registros de depósitos bancarios a nombre de Mares entre 1994 y 1995.
Recuerda también que tiempo después le llegó a Rostec un proyecto de más envergadura y recurrió nuevamente a Mares, pero esta vez se negó con el argumento de que ponía en riesgo el prestigio de su empresa. A partir de entonces se perdió el contacto.
En 1999 el director de Obras Públicas del ayuntamiento de Durango, Víctor Sánchez, le pidió a Piñera que modernizara su equipo para poder seguir siendo competitivo.
Piñera recordó que Mares podría aportar maquinaria y le habló. Y a partir de entonces volvieron a trabajar juntos en Rostec.
Para entonces Mares se presentaba como dueño de esa empresa constructora y Fox ya sonaba como precandidato a la Presidencia. Cuando éste se volvió candidato, aquél alardeaba de la amistad que los unía. Al asumir la Presidencia el panista, el constructor les aseguraba a sus acreedores: “Ahora sí nos va a ir bien a todos”.
A principios de 2003 Mares le pidió a Piñera que lo admitiera formalmente como socio y adquirió 25% de las acciones a nombre de sus hijas: “Le pregunté”, dice el empresario duranguense, “por qué a nombre de sus hijas. Respondió que quería dejarles un patrimonio. Acepté. Como pago aportó maquinaria. Después pensé que quería protegerlas porque ya tenía problemas por obra inconclusa en Quintana Roo, Campeche y Baja California”.
Abunda: “Aun así él todavía gozaba de la influencia de ser amigo del presidente. En todos lados lo recibían. Incluso decía que no había cobrado nada por las obras que hizo en La Estancia y San Cristóbal, los ranchos de Fox. Y se ufanaba de que a Vicentillo y a Rodrigo, los hijos varones de Fox, les tramitó tarjetas de crédito empresarial de una de sus compañías: ‘Ya me regañó porque los consiento mucho’, decía Cosme sonriente. Incluso el mayor de ellos iba a tomar clases de computación a las oficinas que Mares tiene en la Ciudad de México”.
Cada mes Mares recibía de Rostec una iguala de 100 mil pesos por “gastos de representación”. Y en casi 10 años de sociedad, Javier Piñera afirma que Cosme intercedió para que Caminos y Puentes Federales (Capufe) les asignara sólo dos obras: “En 2003 los trabajos del libramiento de Cuernavaca, y en 2005, otra en Guadalajara”.
“Para entonces por los medios de comunicación me di cuenta de que Cosme había acumulado quejas por incumplimiento de obra, de que el Congreso de la Unión solicitó la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de que le exigían la devolución del anticipo, y por si fuera poco, llevaba dos años de retraso en la obra de Amozoc-Perote.”
Cuenta Piñera: “En 2003 nos pidió que le prestáramos los 18 millones de pesos del dinero que nos adelantó Capufe. Accedimos. Se los depositamos y nunca pagó. En 2005 con el anticipo de la obra de Guadalajara hizo lo mismo; por alguna razón nos convenció y nuevamente se lo enviamos. Esta vez quedó de pagar con maquinaria. Tampoco pagó y por parte de Rostec fuimos a rescatar la maquinaria que le embargaron en Baja California, Campeche y Quintana Roo. Aunque alguna estaba en malas condiciones logramos rescatar algo”.
Para entonces, afirma, la sociedad con Mares se convirtió en un estigma para Rostec. Les negaban obras. En 2006 y 2007 concursaron para obras en Guerrero y, a pesar de haber ganado las licitaciones, la SCT, por instrucciones de la SFP, les negó la adjudicación. Se inconformaron y el año pasado les dieron el fallo a favor, pero la obra ya estaba hecha.
El 15 de mayo de 2010 Piñera convocó a la primera asamblea de socios. Todos se reunieron a la segunda convocatoria: el representante legal de las hijas de Mares, el mismo Mares y su esposa. No estuvieron de acuerdo en los estados financieros y firmaron el acta bajo protesta. Después por la vía ordinaria demandaron a Rostec por “lo que resulte”.
Para diciembre de ese año Mares se acercó a Piñera. Le dijo que tenía que cubrir 250 millones de pesos, de lo contrario en enero lo mandarían a la cárcel. Accedieron a prestarle 50 millones de pesos, sólo que en esta ocasión le pusieron dos condiciones: que se desistiera de la demanda interpuesta y que dejara en garantía las acciones que sus hijas tenían en Rostec. Accedió. Proceso tiene copia de cada uno de los documentos legales que prueban lo anterior.
Sólo cubrió 10 millones. Ante la negativa de pago del resto del adeudo, el 18 de mayo de 2011 los acreedores solicitaron a una juez de la Ciudad de México la aprobación para poner en venta las acciones de las hijas de Mares.

Represalias

El pasado 28 de junio Piñera fue detenido a unas cuadras de su oficina acusado de homicidio en grado de tentativa. En el camino al penal de Guadalupe Victoria una camioneta interceptó el vehículo en que lo llevaban; bajó una mujer que se identificó como “licenciada de Cosme” y le dijo a Piñera: “O se arregla con Mares o pasará el proceso en la cárcel”.
En esa ocasión el gobernador Herrera intervino para que Piñera pudiera salir de prisión. Dos meses después el juez desestimó la acusación por falta de pruebas.
En varias reuniones posteriores el mandatario estatal intentó que los empresarios llegaran a un arreglo. Mares aceptó que Piñera se quedara con las acciones de Rostec a cambio de maquinaria. De mucha. Una lista enorme. Aun así su socio aceptó, pero entonces el primero aumentó la lista. “Los acuerdos no fueron respetados por Cosme”, asegura el empresario preso.
La juez a cargo del proceso dictó una sentencia favorable a Piñera. El 30 de marzo los abogados de Cosme presentaron extemporáneamente la apelación y la sentencia se confirmó el 28 de abril de 2012. Establecía que las acciones fueran valuadas por un corredor público designado por el matrimonio Piñera y que se ofrecieran cuatro veces por un corredor. El último intento de venta fue el 24 de agosto de 2012.
El día anterior Cosme Mares había demandado a Piñera supuestamente por ocultar información y el juez giró una orden de aprehensión el 27 de agosto.
Piñera fue detenido al salir del informe del alcalde Adán Soria. Lo extraño es que el mismo día de la demanda el Ministerio Público había girado un oficio a la Secretaria de Obras Públicas del gobierno estatal (Secope) solicitando información acerca de las obras asignadas a Rostec; el oficio recibió respuesta el mismo día.
Tras la detención de Piñera la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Mexicana del Asfalto elevaron enérgicas protestas por la “violación de los derechos humanos” del constructor y exigieron al Tribunal de Justicia de Durango un proceso apegado a derecho.
Entre las irregularidades del proceso que Piñera menciona está que a pesar de que el agente del MP solicitó la aprehensión por un supuesto delito, ocultar que se le habían asignado varias obras a la empresa, el juez octavo de Control Enrique Guerrero Huízar la otorgó por otro: la falta de entrega de títulos accionarios e informes relacionados con la administración de la misma.
Por su parte Manuel Valadez Díaz, juez segundo de Control, determinó la vinculación a proceso por ocultar los valores obtenidos por la empresa durante los años 2010 a 2012, cuando el último de los ejercicios aún está en proceso y de los otros dos no se han decretado dividendos. Además explica que para la vinculación a proceso tomó el importe de 11 obras que señala el informe de la Secope, cuando Mares sólo reclama seis y nada más una de ellas coincide en ambos documentos. “Prácticamente el juez le está corrigiendo la plana. Se está excediendo en sus facultades”, afirma.
Explica que a pesar de que el auto de vinculación a proceso no determina el monto del daño patrimonial, el juez lo fijó en mil 315 millones 940 mil 257.27 pesos, de acuerdo con las obras enviadas en el oficio de la Secope, lo cual es inexacto ya que la empresa nunca recibió obras por esas cantidades. Y si así fuera, representaría sólo la facturación de la empresa y no los dividendos que podrían recibir en su momento los accionistas.
Lo peor es que a pesar de que no se fijó el monto del daño patrimonial, en la vinculación a proceso el mismo juez determinó que “seguramente” rebasaba 3 mil 500 veces el salario mínimo, por lo que le dictó prisión preventiva. Además ignoró las cartas-finiquito liberadoras de responsabilidad emitidas por las hijas de Mares el 23 de diciembre de 2010 a favor de Piñera, aduciendo que no lo beneficiaban como administrador único de Rostec.
En entrevista con Proceso el juez Manuel Valadez negó las acusaciones y afirmó que dictó su fallo en apego a la ley.
Un día después de la entrevista con Valadez, Humberto León, uno de los abogados de Piñera, recibió la llamada de Rafael Ollivier, representante legal de Mares. Lo citó. “Sé que vas a sacar una inserción pagada en Proceso. Si es el caso, lanzas…”.
El exsocio de Mares traduce esto como una amenaza de muerte.


Síguenos en twitter @radioamlo